El comunicado emitido por el directorio de Vicentin explica que esta decisión se tomó con el objetivo de proteger los activos de la empresa. Aunque la compañía asegura haber encontrado una salida viable con el respaldo de una mayoría de sus acreedores, la imposibilidad de materializarla debido a las trabas judiciales obligó a tomar la drástica medida de suspender las operaciones. 

El cierre de las plantas llega en un momento crítico para Vicentin, que tiene a gran parte de sus exdirectivos enfrentando serios problemas en la Justicia que complican aún más su situación. La detención de varios de los exconductores de Vicentin, acusados de irregularidades financieras, ha acelerado el proceso de colapso de la firma. Con este panorama, la reactivación de sus actividades parece cada vez más lejana, y su futuro sigue siendo incierto. 

El mensaje dejó en claro que no hay caja ni horizonte: la nómina de marzo aún no fue abonada y no hay garantías de que pueda cubrirse en los plazos legales. En paralelo, los contratos por los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos -su única vía de ingresos desde que dejó de operar con mercadería propia- se encuentran paralizados.

La excusa de la expropiación se derrumbó con el fallo judicial

En el sector agroindustrial, la decisión fue interpretada como una jugada de presión directa hacia los inversores estratégicos y también hacia la Justicia santafesina, que no homologó el acuerdo concursal alcanzado con más del 70% de los acreedores. La compañía apuesta a que la parálisis total precipite definiciones clave. Por ahora, la Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.

A su vez, el freno de la operación deja en vilo a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos vinculados a la cadena productiva. El gremio aceitero ya está en alerta máxima y anticipó que, si no se paga lo adeudado en los próximos días, se podrían activar medidas de fuerza de alto impacto en toda la industria.

A esto se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. Según fuentes del sector, la empresa mantiene una deuda de más de $400 millones por consumo eléctrico, lo que pone en riesgo la continuidad operativa, incluso si se resolvieran otros aspectos financieros.

La situación judicial también escaló. La semana pasada, la Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Están acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado en más u$s600 millones, a partir de una maniobra que incluyó falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso después de que la empresa ya estuviera en concurso.

Según la fiscalía, los imputados formaron parte de una red que funcionó de manera coordinada para perjudicar a acreedores, entidades financieras y socios estratégicos. Se los acusa de haber montado una "estructura organizativa destinada a cometer delitos de manera sistemática" durante los años más críticos de la cerealera.