Las deliberaciones se desarrollaron los días 7 y 8 de noviembre, y estuvieron encabezadas por el secretario de Justicia y Coordinador Nacional del Consejo Federal, Sebastián Amerio.

La subsecretaria de DDHH de La Pampa, Paula Grotto, durante el plenario del Consejo, afirmó que las políticas de prevención son fundamentales y que consideraba que "independientemente de lo que cada provincia desarrolla, es importante fijar una línea de acción de carácter federal, que contenga lineamientos claros y unificados por las características propias de este delito aberrante".

Indicó que "La Pampa no recibió ni un peso, como ocurre con el resto de las provincias, en lo que respecta a la asistencia y reparación" y que como es de manera generalizada con los distintos programas y obras, desde que asumió el presidente Javier Milei "todo el esfuerzo lo vienen sosteniendo las provincias, en nuestro caso esfuerzo asumido como política de estado por el gobernador Sergio Ziliotto".

Como también manifestaron otros representantes provinciales, la funcionaria pampeana consideró como "una falta de respeto que, a 11 meses de haber asumido, todavía la respuesta a la demanda de la falta de programas de ayuda a las víctimas sea que se están auditando las ayudas otorgadas".

"Teniendo en cuenta la profunda desigualdad económica y social que se viene generando a partir de las políticas y decisiones económicas que viene llevando adelante el gobierno nacional, lamentablemente avizoro un crecimiento exponencial en lo que respecta a este delito", afirmó Grotto.

Por ese motivo, la subsecretaria solicitó al Consejo mayor coordinación y unidad de acción y pidió al gobierno nacional "combatir la causa de la explotación de personas, porque el camino de combatir solo las consecuencias nos aleja cada vez más de poder encontrar una soluciona a esta violación aberrante a los derechos humanos".